Recomendaciones de la CDHDF limitadas ante la criminalización de la protesta

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Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social se suma a exigencia de derogar tipos penales que criminalizan la protesta social y señala limitaciones en recomendaciones de CDHDF.

  • Necesario derogar delitos como “ataques a la paz pública” y “ultrajes” por ser utilizados para criminalizar la protesta social.

  • Delicado que no se incluyeran todos los casos y que no se considerará en las recomendaciones la violación al derecho a defender derechos humanos.

El martes 15 de septiembre de 2015 la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), emitió importantes recomendaciones (9/2015, 10/2015, y 11/2015) a diversas autoridades del Distrito Federal por eventos de criminalización de la protesta, detenciones arbitrarias y agresiones a personas periodistas y defensoras de derechos humanos por su labor de documentación en contextos de las manifestaciones públicas de los días 10 de junio y 2 de octubre, ambos del 2013, así como 22 de abril de 2014.

Para el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social las recomendaciones demuestran el aumento en la represión y el patrón de actuación de las autoridades, tanto de Seguridad Pública como de Procuración de Justicia, en el Distrito Federal. En los últimos años, las detenciones ilegales y arbitrarias, el uso indebido y desproporcionado de la fuerza, los tratos crueles inhumanos o degradantes e incluso tortura a personas detenidas y la obstaculización al derecho a documentar y defender derechos humanos en manifestaciones públicas, han afectado las libertades democráticas en el Distrito Federal. Además, de manera discriminatoria, la represión se ha dirigido selectivamente a personas jóvenes que ejercen su derecho a la protesta.

Las recomendaciones ponen en evidencia que delitos como “ataques a la paz pública” y “ultrajes” son únicamente utilizados para criminalizar a manifestantes, con la connivencia del Poder Judicial del Distrito Federal. Desde el Frente estamos en consonancia con la exigencia de la CDHDF de derogar estos tipos penales.

Sin embargo, resulta preocupante que el proceso de investigación y recomendación de la CDHDF no haya sido expedito y con participación amplia de las víctimas, sin obviar que dos de los instrumentos recomendatorios iniciaron de oficio a pesar de la cantidad de quejas presentadas por tales hechos. La falta de investigación diligente y en breve plazo se agrava en un contexto de aumento de los patrones de represión e impunidad, lo que dificulta la obtención de justicia y reparación para las víctimas. Es importante señalar que las sanciones a los elementos de policía por abusos cometidos durante manifestaciones se han limitado a amonestaciones o cambios de adscripción, sin que ninguna de estas medidas resulte eficaz para revertir el patrón de criminalización de la protesta.

Preocupa que existiendo evidencia sobre un número mayor de víctimas –sobre todo el 2 de octubre de 2013– de casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias, no hayan sido tomados en la recomendación correspondiente. Asimismo, a pesar de que un grupo de observadores de derechos humanos claramente identificados fue agredido por policías y que esto fue documentado por la CDHDF, no se consideró violado el derecho fundamental a la defensa de derechos.

Por otro lado, no se observa una línea de continuidad respecto a la recomendación 7/2013 correspondiente a las violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012. En efecto, hacen falta puntos recomendatorios emitidos el 10 de abril de 2013 por la CDHDF que guardan relación con el patrón de violaciones documentado en protestas llevadas a cabo durante 2013 y 2014.

En este contexto, las organizaciones que integran el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social hacemos un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Procuraduría General de Justicia, al Tribunal Superior de Justicia, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Asamblea Legislativa, todas del Distrito Federal, a que acepten y cumplan las recomendaciones y establezcan las garantías necesarias de no repetición, a fin de recuperar las condiciones democráticas y las expresiones de disenso en la Ciudad de México, haciendo del espacio público un campo de participación y expresión política de la ciudadanía.

De la misma manera, resulta necesario que la CDHDF cumpla integralmente con su papel de garante de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan por el Distrito Federal siendo diligente y proactiva en el seguimiento de estas recomendaciones, así como aquellas emitidas con anterioridad, mismas que dan cuenta del patrón de violaciones al derecho a la protesta social.Sólo así será un contrapeso efectivo a favor de la vigencia de los derechos de las personas. Sin protesta no hay democracia