Preocupantes declaraciones de Segob que pretendan responsabilizar de su ineficacia al respeto a los derechos humanos

  • La Evasión de Guzmán Loera es un reflejo de la ineficacia en la estrategia de seguridad de los Gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto.
  • La auto exculpación del Secretario de Gobernación pretende minimizar su responsabilidad en hechos sobre los que es el principal responsable político.

En un contexto en el que los funcionarios públicos responsables de tareas de seguridad han mantenido un patrón en el que minimizan su propia ineficacia, alegando limitaciones impuestas por los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, los dichos recientes del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong resultan especialmente graves, independientemente de que tras dialogar con la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya tratado de atenuarlas.

Pretender  diluir el costo político que significa la evasión de Joaquín Guzmán Loera del penal del Altiplano, afirmando de manera irresponsable que la misma fue posible, entre otras, por “razones de derechos humanos” es inaceptable. Cabe destacar que la responsabilidad más alta en términos de Seguridad es la Presidencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cargo que ejerce el Presidente de la República y en su ausencia del Secretario de Gobernación.

Llama la atención que a pesar de estar claramente establecida la cadena de mando y la línea de responsabilidad, el Secretario de Gobernación no haga alusión alguna al marco legal aplicable y a su propia responsabilidad. Es grave la omisión en términos de los artículos 47 y otros de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos en dónde se definen diversas responsabilidades que a nuestro juicio han sido incumplidas en estos hechos. Pero mucho más grave es el énfasis en la exculpación y auto exculpación que es contraria al espíritu de rendición de cuentas que nuestro país necesita.

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todas” (Red TDT)  consideramos que este hecho y la reacción oficial ante él, cuestiona no los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, sino la pertinencia de las políticas de seguridad implementadas por este y anteriores gobiernos. Incluso aún más, cuestiona la capacidad para sostener los pocos resultados que se han difundido de las mismas, como un argumento que se pretende válido para las incontables violaciones a derechos humanos que han sido documentadas por parte de las fuerzas de seguridad en el pasado reciente.

La militarización de los cuerpos policíacos, el uso generalizado de la tortura como método de investigación, la repetición constante de personas con antecedentes en cometer violaciones graves a los derechos humanos en los altos cargos relacionados con la seguridad, son muestras claras de que las fallas no se encuentran en los estándares de derechos humanos sino en las políticas públicas miopes que desdeñan totalmente los orígenes del fenómeno de la violencia que, precisamente, se encuentran en la incapacidad del Estado mexicano para poner en el centro de su acción a los derechos humanos.

Por el contrario se ha establecido una estrategia de distracción, a la que se suma la indignación nacional e internacional por este hecho tan escandaloso. Esa estrategia implica operar ante los organismos internacionales para simular un gran interés en el tema, pero tener reacciones hostiles cuando actores expertos y legitimados en temas tan graves como la tortura, hacen señalamientos mesurados y fundamentados. También implica la descalificación de las personas que reivindican y defienden derechos humanos en casos tan sensibles como Ayotzinapa o Tlatlaya, así como minimizar la grave vulnerabilidad que viven en nuestro país las personas periodistas y quienes se dedican a la defensa de derechos humanos. Una muestra muy clara de las prácticas aludidas, lo constituye el reciente cambio de candidatura al Comité de la ONU Contra la Tortura, donde el Estado mexicano quitó al reconocido académico Miguel Sarre, para imponer a Claude Heller Rouassant, un personaje cercano al Estado mexicano.

En este contexto exigimos al Estado mexicano:

  • Que procese de manera transparente las responsabilidades relacionadas con estos hechos sin omitir a ninguno de los funcionarios involucrados en la cadena de mando, desde la Presidencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No es creíble que la responsabilidad se limite Mandos medios.
  • Que el Secretario de Gobernación cumpla con la responsabilidad de “Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;” (poner de donde se toma la cita)
  • Que el Secretario de Gobernación evite realizar declaraciones públicas contrarias a su función.
  • Que el Estado mexicano en su conjunto reitere en los hechos su compromiso con los derechos humanos atendiendo los señalamientos de los organismos internacionales, cooperando con la sociedad civil y fortaleciendo la presencia en los distintos espacios especializados