Apatzingán: rendición de cuentas urgente y ejemplar

Las organizaciones y personas firmantes exigimos la investigación imparcial, profesional, expedita, convincente y transparente en torno a los hechos de violencia sucedidos en Apatzingán, Michoacán, el pasado 6 de enero de 2015

• Una investigación periodística publicada el 18 de abril elaborada por Laura Castellanos, soportada en decenas de testimonios y material gráfico diverso, imputa a miembros de la Policía Federal la ejecución extrajudicial de 16 personas sucedida el 6 de enero pasado en Apatzingán, Michoacán.

• A cuatro meses de acontecidos los hechos, no hay información pública que acredite resultados derivados de investigación formal alguna por parte de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El hecho alimenta la sospecha y debilita las expectativas de castigo sobre quienes podrían ser responsables de estas conductas.

• Nada lastima más a las instituciones policiales y su relación con la sociedad que la impunidad ante conductas delictivas y violatorias graves de los Derechos Humanos a cargo de sus representantes. La denuncia periodística merece investigaciones ágiles, ejemplares, imparciales, profesionales y transparentes.

Pronunciamiento conjunto

México D.F., 12 de mayo de 2015.- Según la investigación periodística referida, la cual incluye 39 testimonios y es acompañada por material videográfico y fotográfico, 16 personas habrían sido ejecutadas y varias más heridas a manos de representantes de la Policía Federal.

El mismo día 18 de abril la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación informó que “recibió de manera anónima un video del cual se pueden inferir presuntos actos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Federal, en el municipio de Apatzingán en el Estado de Michoacán” y que se iniciarían las investigaciones correspondientes.

Tres días después se publicaron declaraciones del ex-comisionado de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, donde afirma que el material publicado por la revista Proceso está distorsionado y fuera de contexto, y sostiene que hay pruebas suficientes para demostrar fuego cruzado entre civiles. Por su parte, desde el 14 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el comunicado CGCP/008/15 donde informa que “integra el correspondiente expediente de queja”.

A su vez, el periódico Reforma informó que “todavía el 5 de marzo la Policía Federal dio a conocer en una respuesta de información que no tenía en sus archivos ningún documento respecto a una investigación interna sobre el caso contra sus agentes”.

Pronunciamiento

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la actuación de la policía “se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos”. Esos principios sólo serán realidad en las prácticas policiales si se logra garantizar que las conductas positivas son premiadas y las negativas sancionadas. Si no hay rendición de cuentas jamás habrá policías profesionales.

El paso del tiempo, luego de los hechos de Apatzingán, sin información que acredite las investigaciones y sin las consecuencias de ley correspondientes, abona de manera ejemplar a la crisis crónica en la que se encuentra el imperio de la ley en este país.

Los hechos de Apatzingán no representan el primer escándalo que implica a miembros de la Policía Federal. Esta institución no puede ser modelo de referencia ni ejemplo a seguir para otras policías en tanto sus sistemas de control interno y externo y su voluntad de rendir cuentas no estén por encima de la sospecha. Las actuaciones individuales de las y los agentes de policía deben evaluarse en función de las debilidades institucionales que las incentivan o que poco pueden hacer para controlarlas y evitar su repetición. Los hallazgos de las investigaciones deben convertirse en insumos encaminados al fortalecimiento de los distintas prácticas y mecanismos de supervisión de la policía, en el marco de un proceso de mejora continua.

La presentación urgente de resultados convincentes en las investigaciones recae en la Comisión Nacional de Seguridad, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De no haber una respuesta coherente con la gravedad de las imputaciones, una vez más se minará el apoyo y la confianza social que deben estar en el soporte de la función policial en un Estado democrático de derecho.

Organizaciones firmantes:
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde