Tortura en México, negación, desacreditación e invisibilidad.
En México la tortura es una práctica generalizada que es negada sistemáticamente en al menos las siguientes tres modalidades: 1) ya sea negándola descaradamente, 2) desacreditando el trabajo de los expertos en el tema, o 3) eliminando la visibilidad de la denuncia de la misma.
En el presente texto establezco ejemplos de las citadas modalidades: la primera de ellas, en relación caso Alfonso Martin del Campo (sentenciado a 50 años de prisión), caso en el que el Estado mexicano negó categóricamente la existencia de tortura en México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y respecto del cual la Suprema Corte de Justicia Nación el pasado 18 de marzo de 2015 reconoció la existencia de tortura en contra de Alfonso Martin del Campo. La segunda, en relación al informe que realizó el relator de las Naciones Unidas sobre tortura y tratos crueles Juan Méndez, en dicho informe el relator señaló que en México la tortura era una práctica generalizada. Respecto de dicho informe, el mes pasado la cancillería mexicana se pronunció señalando que el informe carecía de bases y de un ejercicio de investigación serio para sustentar dicha afirmación. La tercera, respecto de la censura, de facto, realizada a las campañas publicitarias de Amnistía Internacional México en la que se denuncia la existencia de tortura.
Torturando y negando en instancias internacionales, nada nuevo bajo el sol.
La negación por parte de las autoridades nacionales mexicanas respecto de la práctica de la tortura en México no es nueva. Hace ya más de diez años, en el caso Martin del Campo, las autoridades negaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia de tortura en contra del señor Martin del Campo. Hace un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló la existencia de tortura en contra del citado ciudadano, tortura mediante la cual lo hicieron confesar la comisión del delito de homicidio y se le sentencio a 50 años de prisión. A mayor detalle expongo el caso.
La madrugada del treinta de mayo de 1992, mientras Alfonso Martín del Campo Dodd se encontraba durmiendo, en su domicilio en la Ciudad de México (domicilio que compartía con su hermana Patricia Martín del Campo Dodd, su cuñado Ricardo Zamudio Aldaba y las tres hijas de dicho matrimonio) lo despertaron gritos de pánico de su hermana. Ante tales gritos, el señor Martin fue a investigar que ocurría con su hermana.
Cuando Martin del Campo intentó acudir a ver lo que sucedía, dos personas desconocidas con la cabeza cubierta por medias lo golpearon varias veces e intentaron desmayarlo. Luego, le ordenaron que se vistiera, lo introdujeron en la valijera de uno de los autos que estaban en la casa, y condujeron por unos 25 minutos hasta que detuvieron el auto, ahí dejaron abandonado el auto.
El señor Martin del Campo logró abrir la valijera del auto y salió a buscar ayuda, caminó hasta llegar a un puesto de la Policía Federal de Caminos en la carretera a Cuernavaca. Los policías colocaron a Martin del Campo una bolsa de plástico que le cubría toda la cabeza, esta bolsa la apretaban con el fin de que le faltara aire, mientras los policías judiciales iban redactando su versión de los hechos. Martin del Campo señaló que fue obligándolo a firmar una declaración autoinculpatoria y a colocar su huella dactilar sobre la misma. En dicha declaración, arrancada por coacción, el señor Alfonso Martín del Campo Dodd reconoció haber asesinado tanto a su hermana como a su cuñado, señalando también que trató de aparentar un secuestro para evadir su culpabilidad.”[1]
Con base en la anterior declaración, Alfonso Martín del Campo Dodd fue procesado y condenado a 50 años de prisión por el doble homicidio de su hermana y cuñado. Aunque el señor Alfonso Martin del Campo impugnó dicho fallo en las vías locales y federales, así como bajo diversos mecanismos jurídicos, se le condenó. Ante la falta de resolución satisfactoria a sus intereses, el señor Martin del Campo acudió a buscar el apoyo de Instancias Internacionales, dentro de ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Iniciada la petición de Alfonso Martin del Campo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano señaló a la Comisión Interamericana que en ningún momento se habían violado los derechos del señor Martin del Campo, que se le respetaron sus garantías constitucionales y sus derechos humanos. Sin embargo, al analizar el caso la comisión interamericana concluyó que Alfonso Martín del Campo fue sometido a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por policías judiciales de la Ciudad de México. Tras el dictamen de la Comisión Interamericana el caso fue turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Interamericana señaló que no contaba con competencia, en razón de temporalidad, para conocer del caso.
El caso tocó nuevamente las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2013. El expediente de Martin del Campo fue turnado al Ministro Pardo Rebolledo, y resuelto el pasado 18 de marzo de 2015 por votación unánime en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. La Primera Sala ordenó la inmediata libertad de Alfonso Martín del Campo al haberse comprobado la tortura de la cual fue objeto para obtener su confesión en la comisión de dos delitos. [2]La Primera Sala concluyó que se actualizó el supuesto previsto en el artículo 641 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal que establece que el reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos:
“(…) VI.- Cuando la sentencia se base de manera fundamental en una confesión obtenida mediante tortura.”
El caso Martin del caso es un claro ejemplo de la existencia de tortura en México y la descarada negación respecto de la misma que el Estado da a sus nacionales, y a los organismos internacionales. Nada nuevo bajo el sol. Hace catorce años el Estado mexicano negó la existencia de tortura ante organismos internacionales, hace menos de un mes la Suprema Corte negó jurídicamente lo sustentado por el Estado.
Desacreditando el trabajo de otros.
Curiosamente, solo una semana antes de pronunciamiento de la Suprema Corte respecto del caso Martin del Campo, el relator especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, había presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, un informe realizado tras su visita a México (del 21 de abril al 2 de mayo de 2014). En dicho informe, el relator señaló que la tortura era generalizada en el México. En palabras del relator:
“La práctica de la tortura y el maltrato, usado como castigo y como medio de investigación está generalizada. Esta práctica se produce por varios factores. En la ley por una ausencia de definición de tortura. Y en la práctica por la costumbre de detener para investigar en lugar de investigar para detener”.
La respuesta por parte del gobierno mexicano a dicho informe no se hizo esperar. El Secretario de Asunto Multilaterales de México y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo declaró que el Relator de las Naciones Unidas actuó de manera irresponsable, poco ética, y sin sustento al realizar su informe. En el mismo sentido, el canciller mexicano Jose Antonio Meade señaló que el informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura dejó mucho que desear y había una preocupación de que no se aclararan las principales conclusiones del trabajo presentado. El canciller apuntó que el informe del relator se basaba únicamente en catorce casos y que, por lo tanto, no daba lugar a las conclusiones a las que llegó el relator.[3]
Tras las declaraciones realizadas por Juan Manuel Gómez Robledo, el relator de las Naciones Unidas envió una carta al represéntate de México ante la las Naciones Unidas. En dicha carta, el relator señaló que las declaraciones de Gómez Robledo constituían un ataque personal en su contra. El relator precisó que si bien se analizaron 14 casos, en los mismos existían más de 107 víctimas de tortura, cifra que ningún otro país alcanzaba.
En suma, Gómez Robledo y el canciller Meade desacreditaron categóricamente los informes del relator. Como recurso de última instancia para salvar la endeble imagen de México, en relación a las violaciones cometidas en contra de los derechos humanos, las autoridades mexicanas desacreditan a todo aquel que señale la existencia de la misma, no importando si son especialistas en el tema o no.
Invisibilizando la tortura
Finalmente, quisiera señalar que la tortura en México no sólo es negada, sino también invisibilizada de facto. Para sustentar dicha afirmación conviene traer a cuenta lo que está aconteciendo en México a la organización no gubernamental Amnistía Internacional México.
El siete de abril de dos mil quince Amnistía Internacional México lanzó la campaña “Dona tu muro: Paredes vs La Censura”. Mediante dicha campaña, el organismo internacional pedía a los ciudadanos que donaran sus muros y balcones para que sobre ellos se pintara o se colgaran lonas donde se denunciara la existencia de crisis que existe en México respecto de la situación de los derechos humanos.[4]
La campaña señalada surgió a partir del disenso entre el organismo internacional y una agencia publicitaria. Amnistía Internacional había firmado un contrato y realizado el depósito para realizar una campaña sobre tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos, con la citada agencia. Posteriormente, la empresa publicitaria señaló que no realizaría la campaña pactada, pues el contenido de la misma era “inapropiado”.
El director de Amnistía Internacional, Perseo Quiroz Rendón, informó que la campaña publicitaria sobre tortura, desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos descrita iba a ser realizada en varias líneas del Metrobús y del Tren Ligero, en la Ciudad de México. Sin embargo, la agencia publicitaria frenó el convenio horas antes de que se montaran los anuncios en las vallas de ese transporte público. El representante del citado organismo internacional señaló que:
“No sé si fueron presiones [por parte del gobierno] pero lo que nos dijeron es que el contenido era inadecuado. Se tardaron dos o tres semanas en reaccionar y decir que era inadecuado y que tenía tono político. Pero eso no nos frenó, si los concesionarios no quieren y tienen miedo de poner estos mensajes en espacios que son públicos –que debemos utilizar para temas que son de interés público y no sólo utilizarlos para los partidos políticos, nosotros buscamos una alternativa y es que las personas nos presten sus muros”.
Si bien, dicha la negación de la citada agencia publicitaria no se puede atribuir de iure al Estado, tampoco se puede negar la misma contribuye a un fenómeno de invisibilización. Uno que parece ser sistemático y que pretende que la sociedad civil y la opinión internacional señalen que en México no pasa nada.
A las y los mexicanos pido nos mantegamos informados y denunciemos la existencia de la tortura, así como de otras violaciones de derechos humanos cometidas en México en contra de nacionales y no nacionales. Pido no nos quedemos callados y vigilemos al gobierno, no nos dejemos engañar, ni permitamos invisibilizen la existencia de dicha práctica. Donemos un muro.
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[1]Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Alfonso Martín del Campo Dodd Vs. Estados Unidos Mexicanos Sentencia de 03 de septiembre de 2004 (Excepciones Preliminares). Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_113_esp1.pdf
[2]Suprema Corte de Justicia de la Nación. Comunicado de Prensa número 55, relativo al expediente http://www2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=3056
[3]http://www.milenio.com/politica/meade_tortura-relator_onu-informe_tortura-marin_meade-asalto_razon_0_494950796.html
[4]http://aristeguinoticias.com/0704/mexico/dona-tu-muro-paredes-vs-la-censura-convoca-amnistia-internacional/ Además consulte: http://amnistia.org.mx/nuevo/2015/04/07/dona-tu-muro-paredes-contra-la-censura/?o=n
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*Luis Enrique Rosas. Abogado constitucionalista. Licenciado en Derecho por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), México. Actualmente, es integrante de la 13a generación en la Escuela para Denfensoras y Defensores Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.
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