Por el respeto a los derechos de la defensora Bettina Cruz y contra la criminalización de la protesta social

Las legisladoras y los legisladores que suscribimos el presente comunicado hemos tenido conocimiento del caso de la defensora de derechos humanos Lucila Bettina Cruz Velázquez, acompañada por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en su visita a diversas instituciones en la Ciudad de México.

Bettina es una mujer indígena binnizá, que desde el año 2007, con los pueblos ikjoots y binnizá, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, comenzaron la lucha en defensa de su territorio, frente a los intereses de las empresas trasnacionales en ocupar sus tierras ejidales y comunales para instalar generadores de energía eólica.

En ese contexto, hombres y mujeres indígenas de los pueblos de la región conformaron la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), a la cual pertenece Bettina, en ejercicio de sus derechos, realizaron una manifestación pacífica frente a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Juchitán, Oaxaca el 13 de abril del 2011, a efecto de expresar su descontento por las altas tarifas de luz y por la complacencia de la CFE frente a los convenios ilegales que permitieron el despojo de territorios indígenas para la construcción de parques eólicos en diversas zonas del Istmo.

A pesar de que ese día Bettina no se encontraba en dicha ciudad, sino en la capital de Oaxaca, la representante de la CFE la acusó ante el Ministerio Público Federal de encabezar la manifestación para impedir la entrada y la salida del personal.

Casi un año después de los hechos anteriormente mencionados, Bettina fue detenida por agentes federales que no contaban con una orden de aprehensión, y posteriormente recibió auto de formal prisión, acusada de los delitos de privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional. Después de pagar una fianza para obtener su libertad bajo caución, ha enfrentado un largo proceso en libertad, durante el cual ha recibido apoyo y reconocimiento de organismos de Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Durante el proceso, fue demostrado por parte de la defensa de Bettina que no se bloquearon las instalaciones de la CFE ni se causaron daños a personas o a bienes, además de que no existen pruebas individualizadas de las presuntas víctimas, por lo que el proceso de Bettina tiene claros rasgos de persecución, un uso ilegal de la justicia por parte de sus acusadores y de los funcionarios federales implicados.

Por lo antes descrito, consideramos que las imputaciones y el proceso contra Bettina representan actos de criminalización de la protesta social, que ilustran la situación de riesgo en que trabajan las personas defensoras de derechos humanos, pues a través de su proceso se ha evidenciado el uso desviado del sistema de justicia en contra de ellas, en particular de quienes trabajan en la defensa del territorio frente a la imposición de megaproyectos.

En los próximos días, el Juzgado Sexto de Distrito del Décimo Tercer Circuito Federal con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, deberá emitir la sentencia definitiva sobre el caso de Bettina. Se trata de uno de los pocos casos en donde puede emitirse una sentencia que equipara a una protesta con la “privación ilegal de la libertad”. Ante el riesgo de que la resolución siente un precedente negativo, hacemos un llamado público al juez para que la emisión de dicha sentencia se rija bajo los criterios de imparcialidad e independencia, y los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, a fin de evitar el uso arbitrario e ilegítimo del aparato de justicia para criminalizar a la defensora.

Asimismo, exhortamos a la Procuraduría General de la República a que valore los elementos presentados por Bettina y su defensa para evitar un encarcelamiento injusto.
Finalmente, nos manifestamos una vez más en contra de decisión, iniciativa o acción que pretenda menoscabar los derechos de asociación, expresión y reunión, al inhibir y criminalizar la protesta social.

Diputadas y diputados del PRD: Elena Tapia Fonllem, Roberto López Suárez, Carlos de Jesús Alejandro, Yesenia Nolasco Ramírez, Gloria Bautista Cuevas, José Luis Muñoz Soria, Víctor Nájera Medina, Alejandro Carbajal González, Fernando Zárate Salgado, Graciela Saldaña Fraire, José Antonio León Mendívil, Teresa Mojica Morga, Marino Miranda Salgado, Roxana Luna Porquillo y Lourdes Amaya Reyes.

Diputadas y diputados del PT: Loretta Ortiz Ahlf, Rosa Elia Romero Guzmán, Héctor Hugo Roblero Gordillo, José Arturo López Cándido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y Adolfo Orive Bellinger.

Diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano: Ricardo Monreal Ávila, Aída Fabiola Valencia Ramírez y Ricardo Mejía Berdeja.

Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Senadora Dolores Padierna Luna, PRD; Senadora Layda Sansores San Román, PT.

CPLGPPRD